Crece el cerco internacional contra los colonos israelíes que ejercen violencia en Cisjordania | Internacional

Frente al apoyo que reciben los colonos judíos por parte del Gobierno y del ejército, cada vez más países ordenan sanciones económicas y restricciones de viaje contra aquellos que llevan a cabo ataques contra palestinos. Desde que comenzó la guerra el pasado 7 de octubre, se registran más del doble de actos violentos en Cisjordania, según Naciones Unidas, donde al menos 400 palestinos han muerto en ataques del ejército o de los colonos, ciudadanos israelíes instalados en territorio palestino por la fuerza y de forma ilegal. Estados Unidos abrió el pasado 1 de febrero la espita de las sanciones y Canadá, el Reino Unido, Francia, España y Nueva Zelanda siguieron la estela de esa medida inédita.

El Gobierno español, tras anunciar también sanciones el mes pasado, concretó este lunes que prepara ya una lista de 12 colonos, a la que podrá ir añadiendo más. Hasta ahora, las autoridades estadounidenses y británicas son las únicas que han dado el paso de identificar a las personas contra las que han actuado, que son cuatro en cada caso. España no lo tiene previsto por protección de datos personales.

Solo hay un ciudadano israelí que aparece a la vez en las dos únicas listas hechas públicas. Se trata de Yinon Levi, de 31 años y responsable de una granja en el asentamiento ilegal de Meitarim, en el sur de la Cisjordania ocupada. Este ciudadano, además de restricciones de viaje, ha visto cómo Israel le ha bloqueado las cuentas bancarias, tanto la personal como la empresarial.

Los colonos y los abogados que les defienden responsabilizan de esas sanciones, en gran parte, al trabajo y las denuncias de organizaciones de derechos humanos israelíes, como B’Tselem o Peace Now (Paz Ahora), que siguen de cerca desde hace años los abusos e ilegalidades que cometen los israelíes instalados en Palestina, que son en torno a medio millón. A menudo alertan de la impunidad con la que actúan bajo la sombra protectora del ejército, como en el caso del propio Levi. Frente a los otros tres sancionados por EE UU, los medios locales describen a este como un empresario que se sirve de las autoridades israelíes para afianzar una empresa con la que ahondar en la ocupación de Palestina y expulsar a los habitantes locales.

Mauricio Lapchik, director de relaciones externas de Peace Now, considera el anuncio por parte de España como “un paso importante en la defensa de la población palestina en Cisjordania”. “Sin embargo, sigue siendo preocupante que el Gobierno de Israel no esté tomando medidas mínimas para detener este fenómeno de violencia organizada que tiene como objetivo la anexión de los territorios ocupados y que, claramente, constituye terrorismo”, alerta. Estos activistas de organizaciones israelíes de derechos humanos tienen enfrente al Gobierno más ultraderechista de la historia de Israel, en el que la cartera de Seguridad Nacional está precisamente en manos de un colono de discurso ultranacionalista y racista que ha sido condenado ocho veces, Itamar Ben Gvir.

Lapchik señala al que considera triunvirato del apoyo gubernamental a los colonos. Además de a Ben Gvir, cita al primer ministro, Benjamín Netanyahu, y al ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich. “Esperamos que el Gobierno israelí tome medidas concretas para hacer cumplir la ley en casos de violencia de colonos. Es nuestro deseo que, en el futuro, no sea necesario que otros países impongan sanciones a nuestros conciudadanos por sus actos criminales”, agrega.

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Sin nombrar a ninguno de esos grupos de derechos humanos, Yinon Levi culpa de los castigos impuestos por EE UU y el Reino Unido a “organizaciones anarquistas y de izquierda” que defienden a los palestinos y hacen “daño” a Israel, a los asentamientos, al ejército y “a todos”, según sus respuestas, enviadas a EL PAÍS a través de mensajes de voz. “Desde el momento en que ocupamos las tierras, la gente de estas organizaciones nos vino a molestar”, añade refiriéndose a terrenos que los colonos consideran públicos.

Recaudación de fondos

Nada más anunciarse las sanciones a lo largo del mes de febrero, otros colonos y defensores de ese movimiento pusieron en marcha campañas para recaudar fondos y hacer frente a la asfixia económica que se cierne sobre la granja de Levi. “No acepto limosnas de otras personas”, responde al ser preguntado al respecto. “No quiero alimentar a mis niños con dinero de otros”, afirma, para añadir al mismo tiempo: “El dinero que recibo no es ni para mí ni para mi familia, sino que es para mantener el terreno y para fortalecer la tierra de Israel”.

Según el Gobierno de EE UU, Levi encabezó un grupo de colonos que “agredieron a civiles palestinos y beduinos, los amenazaron con más violencia si no abandonaban sus hogares, quemaron sus campos y destruyeron sus propiedades”. La acusación del Gobierno británico es similar.

Unos 300 palestinos han sido expulsados en los últimos meses de sus casas en los alrededores de la explotación de la que es titular este colono, según Peace Now. El pasado 16 de octubre, ya comenzada la actual guerra, Levi se adentró a bordo de una excavadora en presencia de militares israelíes en el pueblo de Susiya, próximo a Meitarim, donde llevó a cabo destrozos, recoge la prensa israelí. Pese a ser bien conocido como colono violento en Palestina, nunca ha sido procesado, a diferencia de otros de los señalados por EE UU y Reino Unido.

Peace Now denuncia, además, que el Consejo Regional de Har Hebron (la autoridad de ocupación israelí que gestiona las colonias de la zona) firmó un contrato con el colono Yinon Levi en 2021 para la construcción de su granja agrícola, lo que supone, según esta ONG, una prueba de un vínculo directo entre el sancionado y las autoridades. “Hay muchas posibilidades, si EE UU sigue sancionando a colonos violentos, de que el consejo regional también pueda ser sancionado por el contrato firmado con Levi”, calcula Lapchik, de Peace Now.

La asociación Honenu, un brazo legal de los colonos, representa a sancionados por Estados Unidos y el Reino Unido. Sus letrados tratan de impedir que el bloqueo de cuentas en bancos israelíes se lleve a cabo. Su director, Shmuel Meidad, que califica de “heroicos” a los colonos señalados, celebró que los tribunales les dieran en un principio la razón, según un comunicado de la organización del 15 de febrero. “Ningún país extranjero, y mucho menos un supuesto ‘amigo’ de Israel (en referencia a EE UU), debería ser capaz de imponer una política al Estado soberano de Israel, ciertamente no sobre las espaldas del mejor de sus hijos, que están sacrificando sus vidas por la soberanía”, dijo Meidad. Días después, las campañas de captación de fondos fueron bloqueadas a raíz de una investigación de la agencia Associated Press citada por medios israelíes.

El sistema de sanciones de Estados Unidos y su implicación más allá de sus fronteras es muy estricto, según un análisis de Amichai Cohen, del centro de estudios The Israel Democracy Institute. Su impacto “puede dañar significativamente la economía de ese país en su conjunto”, en este caso Israel. Recuerda que “el presidente [Joe] Biden autoriza a los secretarios de Estado y del Tesoro a imponer sanciones a cualquier persona que ponga en peligro la estabilidad en Cisjordania, y a cualquiera que actúe violentamente para dañar a las personas o sus bienes, o para privarlos de sus bienes. La orden también se aplica a las organizaciones, incluidas las gubernamentales, que respaldan tales acciones”.

En comparación con el estadounidense, “el régimen de sanciones de la UE, o de otros países occidentales, está bastante limitado”, añade Cohen, pues se centran en “actividades realizadas dentro de las fronteras del país sancionador y a los bienes situados en ese país”.

Las sanciones han soliviantado y alertado al movimiento de colonos. “Es increíble. No estamos hablando de terroristas. No es dinero que se dedique a causar terror. Se trata de personas e iniciativas privadas” que “luchan por su casa, por nuestra tierra”, lamenta Itamar David Moshe, un abogado de 35 años que vive en un asentamiento de Cisjordania. Considera que los países denunciantes están actuando sin pruebas y de manera ilegal, por eso tiene pensado poner toda su “experiencia y conocimiento sin coste alguno” para hacer frente a esos castigos. “Superan una línea roja que no podemos aceptar”, añade. “Esas sanciones pueden perjudicarnos a corto plazo”.

Iniciativa inédita

El paso dado por ese grupo de países supone un movimiento sin precedentes de la diplomacia internacional. Al anuncio sobre los cuatro colonos por parte de EE UU el 1 de febrero, se sumó Canadá al día siguiente y, el día 12, el Reino Unido añadió cuatro más. Francia anunció el día 13 que va a castigar a 28, aunque no ha hecho públicas sus identidades. España anunció también medidas contra varias decenas al ver que no se logra el consenso necesario de los 27 en la Unión Europea, según explicó el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, el día 19. Este lunes, el Ejecutivo español ha ido más allá al hablar ya de una lista de 12. Nueva Zelanda es el último en unirse, tras anunciar el 29 de febrero prohibiciones a colonos israelíes “extremistas”.

“Sin ni siquiera juicio, Estados Unidos quiere regular nuestro país, regular nuestra sociedad, regular nuestra gente. (…) Yo no creo que este tenga que ser un asunto de Estados Unidos, el quedarse con su dinero y bloquear sus cuentas. Espero que el Tribunal Supremo de Israel detenga esta locura”, comenta elevando el tono de voz Itamar David Moshe, que, además de abogado, es un militar reservista que está desplegado desde octubre en el norte de Israel, en el frente abierto en la frontera con Líbano. A mediados de marzo tendrá un permiso para volver a casa en la colonia de Havat Gilad por el avanzado embarazo de su mujer.

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